Tijuana, 25 de marzo de 2026.- Un acto de vandalismo cometido contra una válvula del acueducto Planetario-Las Ferias provocó la suspensión del servicio de agua potable en 386 colonias de los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, según informó este martes la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT). El incidente, reportado la noche del 24 de marzo, dejó sin el vital líquido a miles de usuarios en la zona, mientras que en la Comarca Lagunera las autoridades hídricas presentaron estrategias de largo plazo y obras de reparación ante históricos problemas de abasto.
Mediante un comunicado oficial, el organismo estatal confirmó que el daño a la infraestructura fue la causa directa del corte masivo. Aunque se identificó el punto crítico en el sistema de distribución, la información disponible no detalla el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio ni proporciona la lista específica de las colonias afectadas, derivando a los usuarios a canales externos para consultar su estatus particular.
En contraste con la emergencia operativa en la frontera norte, Ismael Burgueño Ruiz, alcalde de Tijuana, destacó recientemente la entrega de títulos de concesión de agua. El edil señaló que esta acción garantiza el abasto para los próximos 30 años y permitirá disponer de un 17 por ciento más de agua para los municipios de Baja California, lo que eliminará la necesidad de realizar pagos a terceros por el recurso.
Simultáneamente, en la ciudad de Torreón, Coahuila, el Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (Simas) trabaja en la elaboración de un plan de visión hacia el año 2050. Roberto Escalante González, funcionario del organismo, indicó que el objetivo es prever la atención de los servicios de agua, drenaje y saneamiento en función del crecimiento urbano proyectado para la ciudad.
Para atender problemas inmediatos de infraestructura en la Comarca Lagunera, se ha destinado una inversión superior a los 335 millones de pesos dirigida a la reparación de colectores colapsados. Estos esfuerzos se suman a la perforación de más de 30 pozos realizada en los últimos cuatro años en la región, donde persisten denuncias ciudadanas sobre acaparamiento del recurso por parte de empresas y la sobreexplotación de los acuíferos, temas que han sido objeto de controversia legal en años recientes.