Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la reforma a la Ley Minera que reserva exclusivamente al Estado mexicano la exploración y explotación del litio. En una sesión celebrada este martes, el pleno del alto tribunal validó por unanimidad los artículos 1, 5 bis y 10 de la legislación, desestimando la acción de inconstitucionalidad promovida en 2022 por una minoría de senadores de oposición.
La ministra Sara Irene Herrerías Guerra, quien actuó como ponente del proyecto, concluyó que la norma no vulnera el parámetro de regularidad constitucional. Los ministros determinaron que los argumentos de los legisladores impugnantes, que incluían la supuesta falta de facultades del Congreso para reservar este recurso, quedaron sin sustento tras la reforma constitucional del 31 de octubre de 2024, la cual incorporó expresamente al litio como área estratégica en los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna.
Además de validar la exclusividad estatal, la Corte resolvió que no era obligatorio realizar una consulta previa a pueblos indígenas y afromexicanos para la promulgación de esta ley. El tribunal argumentó que la reforma redefine de forma general la rectoría del Estado sobre el litio sin generar un impacto directo e inmediato en las comunidades; por tanto, la obligación de consultar solo surge cuando se presentan proyectos concretos que afecten sus territorios.
Con esta resolución, la SCJN reafirma la prohibición de otorgar concesiones a particulares para el aprovechamiento de este mineral, consolidando el modelo de gestión pública establecido en 2022. Aunque la Corte ya se había pronunciado anteriormente sobre la rectoría del Estado en el litio mediante amparos, dichos efectos solo beneficiaban a los promoventes individuales, mientras que esta sentencia tiene alcance general.
La validación de estos artículos cierra la vía jurídica abierta por la oposición legislativa hace cuatro años y establece un precedente firme sobre la propiedad nacional de los recursos estratégicos. La decisión pone fin al debate judicial sobre la constitucionalidad de la nacionalización del litio en México, dando certeza jurídica al marco regulatorio actual del sector minero.