Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda que modifica el concepto constitucional de vivienda digna por el de vivienda adecuada y otorga facultades a Infonavit y Fovissste para adquirir, rehabilitar y construir inmuebles directamente. La votación en lo general registró 356 votos a favor, 99 en contra y cero abstenciones, mientras que en lo particular el resultado fue de 354 a favor, 95 en contra y cero abstenciones.

Con esta modificación legislativa, los organismos de vivienda dejarán de funcionar únicamente como facilitadoras de crédito para convertirse en intermediarias capaces de urbanizar terrenos y enajenar o arrendar las viviendas resultantes. La iniciativa, impulsada por el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, busca ampliar la oferta habitacional mediante la participación directa del Estado en la producción de inmuebles.

Durante el debate, la diputada Sandra Patricia Palacios, de Morena, defendió la iniciativa como un mecanismo necesario para garantizar el derecho a la vivienda. Por su parte, la diputada Blanca Gutiérrez Garza, del PAN, expresó la postura de la oposición, la cual cuestiona el uso de las subcuentas de vivienda de los trabajadores para financiar estos nuevos proyectos de construcción y rehabilitación.

En paralelo a los cambios normativos federales, el estado de Sonora se reportó como la primera entidad en aplicar el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar bajo este nuevo esquema. Las cifras indican que la meta inicial de construcción en dicha entidad era de 33,800 viviendas, monto que se ha elevado a 65,000 unidades.

De acuerdo con los datos disponibles sobre la ejecución del programa en Sonora, actualmente hay 9,694 viviendas en proceso de construcción y otras 18,126 en etapa de planeación. El gobernador Alfonso Durazo Montaño ha sido identificado como parte de los involucrados en la implementación de estas acciones en la entidad norteña.

La reforma aprobada este martes en San Lázaro establece las bases legales para que Infonavit y Fovissste gestionen todo el ciclo de la vivienda, desde la urbanización del terreno hasta la entrega final, marcando un cambio sustancial en la política habitacional del país.