Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó otorgar un indulto a Mario Aburto Martínez, preso confeso del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, al considerar que se trata de un asunto de Estado que no puede resolverse mediante ese mecanismo jurídico. La declaración se da a 32 años del magnicidio y en medio de una investigación activa de la Fiscalía General de la República (FGR) contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, ex agente del Cisen, por su presunta participación como un segundo tirador.
Por su parte, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de la víctima, ha solicitado públicamente el indulto para Aburto y ha cuestionado la postura de la jefa del Ejecutivo. Según Colosio Riojas, la presidenta tiene la facultad legal para conceder el beneficio, pero le falta voluntad política para hacerlo, manteniendo una discrepancia fundamental con la visión de Sheinbaum sobre la naturaleza del caso.
En relación con la investigación paralela contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, cuyo proceso de apelación lleva cuatro meses sin desahogarse desde noviembre de 2025, el senador Colosio Riojas afirmó que la teoría del segundo tirador no es nueva. El legislador declaró que la persona involucrada ya había sido “pescada” hace 30 años, lo que contrasta con la presentación actual de la FGR de una investigación en curso con pruebas recientes.
La controversia surge en un contexto donde la FGR mantiene abierta la indagatoria por la posible existencia de un segundo disparador en el atentado que costó la vida al candidato presidencial del PRI. La postura de la administración federal busca evitar el cierre del caso mediante un indulto individual, mientras los familiares de la víctima presionan por una resolución que consideren justa tras más de tres décadas de espera.
El estancamiento en la apelación de Sánchez Ortega y la negativa presidencial al indulto de Aburto mantienen vivo el debate sobre la impunidad y la verdad histórica del crimen político más relevante de la historia contemporánea de México. Las partes involucradas mantienen sus posiciones encontradas respecto a la facultad y la conveniencia de utilizar mecanismos de clemencia para cerrar este capítulo judicial.