Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México mostró este fin de semana sus facetas más críticas con el hallazgo de restos humanos en Jalisco y Sonora por parte de colectivos de búsqueda, sumado a ataques contra organizaciones de derechos humanos y la contradicción entre las denuncias ciudadanas y la negación oficial de autoridades federales. Mientras familias y activistas recuperan evidencias de crímenes, el Gabinete de Seguridad afirmó que no existen delitos en casos reportados como personas no localizadas en Quintana Roo.
En Tequila, Jalisco, el colectivo Buscando Corazones, liderado por Ivonne Gutiérrez, denunció el hallazgo de restos óseos calcinados, posibles indicios de disolución con ácido y objetos personales en el cerro del Totole. La coordinadora señaló que las autoridades no mantienen resguardado el sitio, lo que pone en riesgo la preservación de evidencias. Este hallazgo se suma al descubrimiento de crematorios clandestinos en la misma zona, evidenciando la complejidad de los métodos utilizados para ocultar los cuerpos.
Simultáneamente, en Hermosillo, Sonora, la madre buscadora Ceci Flores aseguró haber encontrado los restos de su hijo en la carretera 26, kilómetro 46. Aunque la identidad del familiar y la confirmación oficial mediante pruebas de ADN aún se desconocen, el hallazgo subraya la persistencia de las familias que realizan búsquedas independientes ante la inacción institucional. Por su parte, en Matehuala, San Luis Potosí, siete electricistas que habían desaparecido fueron localizados con vida; un trabajador anónimo reveló a medios que fueron interceptados por un grupo criminal para ser reclutados y permanecieron retenidos más de dos días, movilizando un operativo de 600 agentes en la región.
La seguridad de los defensores de derechos humanos se vio comprometida en Tapachula, Chiapas, donde el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova denunció un segundo allanamiento y robo en sus instalaciones ocurrido el 22 de marzo. La organización calificó la situación como un “riesgo inminente” y criticó la inacción de las autoridades para prevenir estos ataques, que se suman a las intimidaciones reportadas contra el periodista Rolando Sánchez Quintero en Guerrero.
En medio de estas denuncias, existe una contradicción flagrante con la postura del gobierno federal. El Gabinete de Seguridad emitió un comunicado afirmando que todas las personas reportadas como no localizadas en Quintana Roo entre el 6 y el 13 de marzo “se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito”, desestimando las 20 solicitudes de Alerta Amber atendidas según las autoridades locales. Esta declaración contrasta con la percepción de crisis y los reportes periodísticos sobre desapariciones en la entidad.
La impunidad y la falta de apoyo institucional también afectan a las familias de policías desaparecidos. Cristian Castro Cigala, representante legal del colectivo de Familias por Policías Municipales Desaparecidos de Torreón, Coahuila, informó que mantienen pláticas con el Ayuntamiento para lograr pensiones para los familiares, pero el municipio argumenta que “no hay una forma jurídicamente posible” para integrarlos al fondo de pensiones. Mientras tanto, en Yucatán se registran 297 personas desaparecidas hasta finales de 2025, y casos como el de Matías Eliam Padilla Ávila, sustraído por su padre, permanecen sin resolución clara sobre su paradero actual.
Este panorama refleja una realidad fragmentada donde la búsqueda recae sobre la sociedad civil, las autoridades minimizan la gravedad de los hechos o fallan en proteger a quienes denuncian, y los mecanismos de justicia y reparación, como las pensiones para familias de servidores públicos desaparecidos, enfrentan barreras burocráticas que dejan a las víctimas en un estado de vulnerabilidad permanente.