Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda con 354 votos a favor y 95 en contra, marcando un avance legislativo en el reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada. Simultáneamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó sobre la destinación de recursos millonarios para impulsar la ciencia y la justicia, aunque enfrenta cuestionamientos por la cancelación de becas universitarias en contraste con el financiamiento otorgado a actividades sindicales.
En el ámbito legislativo, la aprobación de la reforma a la Ley de Vivienda contó con el respaldo de una mayoría significativa en el pleno de San Lázaro. Aunque la presidenta de la Comisión de Vivienda, Maribel Martínez Ruiz, es la responsable de la iniciativa, los detalles específicos de las modificaciones rechazadas durante la votación en lo particular no fueron divulgados en el reporte inicial. Esta acción se suma a otros esfuerzos estatales, como el proyecto Viviendas del Bienestar en San Pedro, que contempla la construcción de 2,490 casas, aunque se desconoce el nombre de la empresa constructora asignada.
Por su parte, la SCJN, bajo la presidencia de Hugo Aguilar Ortiz, reveló cifras sobre su apoyo al sector científico y judicial. En 2024, el tribunal donó 7 millones de pesos a la UNAM y 3.4 millones a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, acumulando un total de 32.5 millones de pesos en los últimos años. Estas acciones buscan fortalecer la impartición de justicia y la investigación académica, alineándose con proyectos para validar la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, cuyo resultado de votación en el tribunal aún no se ha hecho público.
Sin embargo, surgieron contradicciones en la gestión de recursos del poder judicial. Mientras la SCJN canceló en 2025 los donativos para becas de la UNAM y la asociación mencionada argumentando falta de presupuesto, en ese mismo año destinó 1.5 millones de pesos al Sindicato del Poder Judicial para la organización de eventos. Entre 2021 y 2024, el monto total entregado a este sindicato ascendió a 10.2 millones de pesos. El monto específico de los recursos afectados por la cancelación de las becas para 2025 y 2026 no ha sido detallado oficialmente.
En materia de justicia con perspectiva de género, el presidente de la SCJN señaló que, a pesar de las reformas legales y los convenios firmados para fortalecer este enfoque, aún no se ha alcanzado la equidad real entre hombres y mujeres en México. Datos del contexto judicial muestran que en Quintana Roo, 62 de 117 cargos judiciales son ocupados por mujeres, reflejando un avance parcial en la paridad. Mónica Soto Fregoso, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es una de las involucradas en estos esfuerzos institucionales.
La agenda de reformas y acciones judiciales también involucra a otros actores como la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlali Hernández Mora, y legisladores locales como Diana Sánchez Barrios en el Congreso de la Ciudad de México. Además, se registran dinámicas en alcaldías como La Magdalena Contreras, dirigida por Fernando Mercado Guaida, y tensiones ideológicas que incluyen posturas de la Iglesia católica mexicana y el Congreso de Aguascalientes.
El panorama laboral en el país presenta desafíos paralelos a estas reformas, dado que más del 55% de la población ocupada en México trabaja en el sector informal, lo cual complica el acceso a créditos de vivienda tradicionales. Organizaciones como la Confederación de Trabajadores de México (CTM), liderada por Tereso Medina, así como el Infonavit con Octavio Romero Oropeza, permanecen como actores clave en la implementación de las nuevas políticas de vivienda y protección social.