Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La discusión de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’ en el Senado de la República registra un estancamiento debido a la oposición del Partido del Trabajo (PT) respecto a la fecha de la revocación de mandato presidencial, lo que ha generado contradicciones entre los voceros de la coalición gobernante sobre la viabilidad inmediata del dictamen. La iniciativa, promovida por el Poder Ejecutivo, busca modificar cuatro artículos constitucionales para establecer un tope presupuestal del 0.7% para los congresos locales y reducir el número de regidores y síndicos municipales.
Existen versiones contradictorias sobre el avance legislativo de la propuesta. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció inicialmente que el dictamen estaría listo para este martes 24 de marzo, otras fuentes parlamentarias indican que la discusión ha sido postergada hasta después de la Semana Santa. Este retraso se atribuye directamente al rechazo del PT, aliado de Morena, que condiciona su apoyo a cambios en el calendario electoral.
El núcleo del conflicto radica en la propuesta de realizar la revocación de mandato en junio de 2027, coincidiendo con las elecciones legislativas. El Partido del Trabajo considera que esta simultaneidad beneficiaría electoralmente a Morena, por lo que ha solicitado ajustar este punto. La falta de consenso ha llevado a que líderes de la bancada oficialista expresen dudas sobre la aritmética parlamentaria; Ricardo Monreal señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es consciente de que podrían no alcanzar los votos necesarios en el Congreso para aprobar la reforma en su forma actual.
Por su parte, Óscar Cantón Zetina, coordinador de los senadores de Morena, aseguró que su partido cuenta con los votos requeridos en las comisiones para sacar adelante el dictamen, aunque reconoció implícitamente las dificultades en la negociación política. La oposición, integrada por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, ha mantenido una postura crítica y ha solicitado retirar la iniciativa, aprovechando las fisuras mostradas dentro de la mayoría legislativa.
En medio del debate político, siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) —Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey, Martín Faz, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala— emitieron un posicionamiento para desmentir versiones que atribuyen al organismo la autoría o respaldo de un documento específico sobre el Plan B. Los consejeros buscaron clarificar su postura institucional ante las especulaciones surgidas durante las negociaciones.
La reforma también incluye medidas de austeridad republicana que han generado análisis sobre su impacto presupuestal, específicamente en la reducción de gastos de los órganos legislativos locales. Sin embargo, la ausencia de un acuerdo técnico y político sobre los detalles de la revocación de mandato mantiene la iniciativa en un limbo legislativo, a la espera de que se reanuden las mesas de diálogo para desbloquear el voto del Partido del Trabajo.