Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La discusión del Plan B de la reforma electoral en el Senado de la República se encuentra estancada debido a desacuerdos entre las fuerzas políticas de la coalición gobernante, específicamente sobre la fecha para realizar la revocación de mandato y la definición del número de regidores en los ayuntamientos. Aunque inicialmente se esperaba un avance rápido, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos no han logrado emitir el dictamen necesario para llevar la iniciativa al Pleno.
El punto central del conflicto radica en la postura del Partido del Trabajo (PT), que ha manifestado dudas respecto a la fecha propuesta para la revocación de mandato, un mecanismo impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de su paquete de reformas. Esta posición contrasta con declaraciones previas de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, quien señaló que en una reunión anterior el PT se mostraba “100% a favor” de la iniciativa, lo que evidencia una fractura en la narrativa oficial sobre la unidad del bloque legislativo.
Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, descartó que la pausa en el debate sea consecuencia de problemas internos con el PT. Según el legislador de Morena, el retraso se debe a la necesidad de sostener una reunión con el Instituto Nacional Electoral (INE) para aclarar aspectos técnicos. Sin embargo, fuentes cercanas a las negociaciones indican que el desacuerdo con el laborismo sobre la cronología de la consulta popular sigue siendo una causa central del estancamiento, generando versiones contradictorias sobre el origen del freno legislativo.
Además de la revocación de mandato, otro elemento que mantiene congelada la discusión es la propuesta para modificar la integración de los ayuntamientos. La iniciativa contempla establecer un rango flexible de entre 7 y 15 regidores por municipio, dependiendo de la población y las necesidades locales. Esta medida busca optimizar recursos, pero requiere consensos que aún no se han alcanzado en las mesas de trabajo de las comisiones senatoriales, donde participan también representantes del PRI y otros grupos parlamentarios.
Ante la imposibilidad de cerrar el dictamen en los días previos, se maneja como posible escenario que la discusión en el Pleno del Senado se posponga para el periodo comprendido entre el 6 y el 10 de abril, coincidiendo con la Semana de Pascua. Otra opción sobre la mesa es convocar a un periodo extraordinario de sesiones antes del 30 de mayo, fecha límite que marca el fin del periodo ordinario del primer año de la legislatura, aunque esto dependerá de la capacidad de los coordinadores para desbloquear los puntos de conflicto en las próximas semanas.
La situación ocurre en un contexto donde la presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido reuniones con coordinadores parlamentarios para impulsar su agenda legislativa, aunque los resultados concretos de los encuentros más recientes, incluyendo los del 23 de marzo, no han sido divulgados oficialmente. La falta de claridad sobre la posición definitiva del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la confirmación de si la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ya sostuvo la reunión citada por Mier Velazco, añaden incertidumbre al calendario legislativo.
El estancamiento del Plan B electoral refleja las complejidades de negociar reformas constitucionales que tocan aspectos sensibles de la organización política local y los mecanismos de participación ciudadana. Mientras las comisiones continúan sin emitir reporte, la expectativa se centra en si la coalición gobernante logrará alinear las posturas divergentes antes de que el calendario parlamentario se cierre o requiera sesiones extra para evitar que la iniciativa caduque o pierda prioridad en la agenda pública.