Por Redacción
Guadalajara, 23 de marzo de 2026.- Autoridades de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisaría de Guadalajara y la Dirección de Inspección y Vigilancia del Municipio, desmantelaron un mini casino ilegal que operaba en la ciudad. El operativo contó con la participación de elementos de la DEFENSA y resultó en el aseguramiento de máquinas tragamonedas, aunque el número exacto de los equipos no fue especificado en los reportes iniciales.
Durante la acción, las autoridades identificaron a una persona empleada del local, cuya identidad completa no ha sido revelada públicamente. Tampoco se detalló el tipo específico de negocio donde se encontraban las máquinas ni la razón social del establecimiento clausurado. La fecha y hora precisas del operativo tampoco fueron divulgadas en la información disponible.
La base legal para esta intervención es la reforma al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicada en noviembre de 2023, la cual prohibió explícitamente la operación de tragamonedas en establecimientos que no cuenten con permisos federales vigentes para funcionar como casinos. Esta normativa busca erradicar la proliferación de juegos de azar en comercios comunes como abarrotes o farmacias.
Debido a la naturaleza federal del delito relacionado con juegos y sorteos prohibidos, el caso será conocido y procesado por la Fiscalía General de la República. La Secretaría de Seguridad de Jalisco emitió un comunicado oficial confirmando la realización del operativo como parte de los esfuerzos conjuntos para hacer cumplir la legislación vigente en materia de entretenimiento y apuestas.
Este desmantelamiento se suma a las acciones recientes de las autoridades en la región para combatir la operación irregular de juegos de azar, los cuales han sido objeto de múltiples clausuras en los últimos meses tras la entrada en vigor de las restricciones federales. Las consecuencias legales para los responsables del establecimiento serán determinadas por la autoridad federal en las próximas etapas del proceso judicial.