Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donataria autorizada al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), medida que forma parte de una acción más amplia que impacta a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en el país. La decisión se basa en la interpretación de que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) no contaba con las atribuciones legales para acreditar las actividades de estas entidades, generando una discrepancia con las organizaciones que aseguran haber cumplido puntualmente con los procesos de certificación.
De acuerdo con la información disponible, al menos 13 organizaciones han sido dadas de baja oficialmente, aunque el número de entidades afectadas por la incertidumbre administrativa supera el centenar. El IMCO, asociación civil fundada en 2003, manifestó que realizó todos los trámites necesarios bajo la creencia de que la acreditación emitida por la SECIHTI era válida y suficiente para mantener su régimen fiscal preferencial.
La controversia radica en la contradicción entre el cumplimiento reportado por las organizaciones y la nueva disposición interpretativa del SAT. Mientras el instituto argumenta que siguió los lineamientos vigentes al momento de su solicitud, la autoridad fiscal determinó que el organismo emisor de la acreditación carecía de competencia legal para tal fin, lo que deriva en la pérdida del beneficio para emitir deducibles de impuestos a sus donantes.
Este cambio en la aplicación de los criterios para las donatarias autorizadas ha creado un escenario de inseguridad jurídica para el tercer sector, toda vez que las organizaciones operaban bajo la premisa de que sus certificaciones eran válidas. La revocación implica que estas entidades dejan de poder ofrecer incentivos fiscales a quienes las apoyan financieramente, lo cual podría comprometer su operatividad y proyectos de impacto social.
Ante la notificación de la revocación, el IMCO y otras organizaciones afectadas enfrentan ahora la necesidad de regularizar su situación bajo las nuevas exigencias o buscar vías legales para demostrar la validez de sus operaciones previas. Hasta el momento, no se ha divulgado una lista completa de todas las entidades impactadas ni los detalles específicos de las resoluciones individuales más allá de los casos confirmados de baja.
La situación pone de manifiesto la tensión entre la administración tributaria y el sector filantrópico en México, donde la interpretación de las atribuciones de las secretarías de estado se convierte en un factor determinante para la supervivencia financiera de las organizaciones sin fines de lucro. Se espera que en los próximos días surjan más reacciones del sector afectado y posibles aclaraciones por parte de las autoridades competentes sobre el procedimiento a seguir para recuperar o mantener el estatus de donataria.