Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) firmaron un convenio de colaboración el 20 de marzo de 2026 en la Ciudad de México, con el objetivo de incorporar la perspectiva de igualdad sustantiva y no discriminación en la labor jurisdiccional. El acuerdo fue suscrito por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, en un contexto donde también el Senado de la República ha llamado a uniformar las leyes de género en todos los estados del país.
La senadora Malú Micher destacó la necesidad de armonización legislativa para garantizar los derechos de las mujeres en toda la República, mientras que la Plataforma Nacional de Datos Abiertos reportó la existencia de más de 5 mil bases de datos provenientes de 184 instituciones, según información de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Estos avances institucionales contrastan con las demandas de organizaciones de la sociedad civil que exigen que los derechos de los pueblos indígenas dejen de ser solo declarativos.
Indigenous Peoples Rights International México, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de la Montaña Tlachinollan y Voces del Territorio México emitieron un posicionamiento conjunto para solicitar una ley reglamentaria del Artículo 2 constitucional que haga vinculantes los derechos indígenas. Hasta el momento, no se ha especificado el contenido o el estatus legislativo de dicha iniciativa, ni los mecanismos concretos de seguimiento para la armonización legislativa en los estados.
En medio de estos anuncios sobre justicia y derechos humanos, surge un caso judicial que cuestiona la procuración de justicia. La jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo otorgó un amparo al empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, quien enfrenta acusaciones por fraudes, involucrando también a José Manuel Mireles Verástegui y Carlos Eduardo González Hernández. Esta actuación ha generado una contradicción aparente entre el discurso institucional de protección a derechos y la práctica judicial en casos concretos de impunidad.
La investigación no detalla si el Poder Judicial ha establecido plazos específicos para la implementación del convenio con el Conapred, ni ofrece información sobre la reacción de la SCJN ante las críticas surgidas por el caso de la jueza Duarte Cedillo. La firma del convenio marca un paso formal en la política de no discriminación, aunque persisten vacíos en cuanto a la operatividad real de la igualdad sustantiva en las sentencias y la respuesta ante demandas de grupos vulnerables.
El escenario actual refleja una dualidad en el sistema de justicia mexicano: por un lado, la creación de marcos colaborativos entre altos tribunales y organismos antidiscriminación; por otro, la persistencia de controversias judiciales que ponen a prueba la credibilidad del sistema y la exigencia social de que los derechos constitucionales, particularmente los de los pueblos originarios, tengan efectos prácticos inmediatos.