Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- Las comisiones de Estudios Legislativos y de Puntos Constitucionales del Senado iniciaron la discusión sobre el llamado ‘Plan B’ de reforma electoral, una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que ha generado críticas por su potencial efecto regresivo en la democracia y por modificar las normas de la revocación de mandato. El debate se centra en los alcances de la propuesta tras el rechazo de la primera iniciativa en la Cámara de Diputados.
Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, y Oscar Cantón Zetina, titular de la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezan el análisis parlamentario de la minuta. La discusión legislativa ocurre en un contexto de tensión política, donde la oposición y diversos especialistas han cuestionado la naturaleza de los cambios propuestos para el artículo 35 constitucional y la regulación de los organismos electorales.
José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE) y del Instituto Nacional Electoral (INE), se ha sumado a las voces que expresan preocupación respecto a la reforma. Las críticas se enfocan en la modificación de los mecanismos de participación ciudadana y en la estructura de costos del sistema electoral, aunque el contenido específico y el alcance completo de la propuesta siguen siendo objeto de análisis detallado en las cámaras legislativas.
Paralelamente a la discusión legislativa, el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta cuestionamientos por la implementación de medidas de seguridad que limitan el trabajo periodístico en sus instalaciones. De acuerdo con los datos reportados, estas restricciones se aplican actualmente en 40 inmuebles del organismo, lo que ha derivado en debates sobre la transparencia y el acceso a la información pública en medio del proceso de reforma.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la iniciativa argumentando que busca reducir privilegios y fortalecer la soberanía popular a través de la revocación de mandato. Sin embargo, la falta de consenso sobre la redacción final de los artículos constitucionales y la posición oficial de los aliados del gobierno frente a las críticas de expertos como Woldenberg mantienen la incertidumbre sobre el destino de la reforma en el Senado.
El resultado de las discusiones en las comisiones senatoriales determinará si la propuesta avanza hacia el pleno o si requiere modificaciones sustanciales para alcanzar los votos necesarios. Mientras tanto, la sociedad civil y los actores políticos aguardan definiciones claras sobre cómo impactarán estos cambios en el futuro proceso electoral y en la estabilidad de las instituciones democráticas del país.
