Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- Familias de personas desaparecidas y organismos de derechos humanos denunciaron este fin de semana la situación crítica en Coahuila, Morelos y Sinaloa, donde se registran casos de desapariciones forzadas y muertes de desplazados que intentaron regresar a sus hogares.
En Sinaloa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) criticó el manejo de los retornos de familias desplazadas a sus comunidades. Óscar Loza Ochoa, presidente del organismo, señaló que no se acatan los protocolos establecidos y denunció la muerte de ocho desplazados que regresaron a sus hogares, sin especificar las causas de los fallecimientos.
Además, en Navolato, Sinaloa, Elena Cruz Ramírez denunció la desaparición de su hijo Mauricio Vázquez Cruz desde el 20 de diciembre de 2025. Se trata de un joven mixteco de 21 años cuyo caso no presenta avances según el relato familiar, y las autoridades no han proporcionado apoyo significativo para su localización.
En Coahuila, la Fiscalía de Personas Desaparecidas emitió una alerta para localizar a Natali Camila Sánchez Cisneros, de 14 años, desaparecida el 20 de marzo en Saltillo. Paralelamente, el colectivo Familias por Policías Municipales Desaparecidos solicitó integrarse a las plenarias estatales y fue informado que su petición está en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para su visto bueno.
Cristian Eduardo Castro Cigala, representante jurídico del colectivo, confirmó que aguardan la resolución para participar en las instancias de búsqueda. Luz Flores Peña, madre de Julio Villagrana Flores, relató que su hijo, policía municipal, desapareció hace 15 años tras ser arrestado por autoridades policiales en Torreón y expresó que el expediente no presenta avances.
En Morelos, Fernando Blumenkron, fiscal general del Estado, confirmó que el lunes posterior al 21 de marzo iniciarían formalmente los trabajos de exhumación en la fosa común del panteón de la comunidad de Pedro Amaro, en Jojutla. Esta acción busca dar respuesta a familias que esperan identificación de restos tras un año de suspensión de los trabajos.
Los casos reportados reflejan la persistencia de la violencia e inseguridad en los tres estados, donde colectivos de búsqueda y organismos de derechos humanos mantienen presión sobre las autoridades para obtener avances en las investigaciones y protección para las familias afectadas.