Por Redacción
Tijuana, 21 de marzo de 2026.- La exjueza Lourdes Molina no se presentó a la audiencia diferida en su contra por su presunta participación en un esquema de fraude vinculado al proyecto Terablock, mientras que una manta con mensajes amenazantes fue colocada en la vía pública contra Sergio Chávez Mondaca, director de investigación de la Fiscalía Especializada en Combate al Narcotráfico (FESC), en un contexto de tensiones por el desvío de sustancias aseguradas.
Los hechos reportados este viernes 20 de marzo exponen una serie de conflictos legales y de seguridad en la región. En el ámbito judicial, la magistrada enfrentada a acusaciones por fraude relacionado con la plataforma Terablock ignoró su comparencia programada, sin que se haya especificado hasta el momento si enfrentará consecuencias inmediatas por esta incomparecencia. Este caso se suma a la lista de procesos que involucran a funcionarios y exfuncionarios en la entidad.
Paralelamente, la seguridad en Tijuana fue alterada por la aparición de una lona que reclama la liberación de 1,700 libras de droga, cifra que incluye 29.34 kilos de metanfetamina y 38 kilogramos de cocaína previamente asegurados. El mensaje va dirigido específicamente a Sergio Chávez Mondaca, autoridad policial clave en la lucha contra el narcotráfico local. La investigación no ha logrado determinar qué grupo delictivo está detrás de esta exhibición de fuerza ni la autoría material de la colocación del anuncio.
En otro frente legal, Erik ‘Terrible’ Morales, excampeón de boxeo y exfuncionario municipal, ha sido vinculado a proceso por el delito de abuso sexual. Las autoridades han confirmado su situación jurídica, aunque los detalles completos de la víctima denunciante no han sido hechos públicos en los reportes disponibles. El incidente que motivó la acción legal se sitúa en el contexto de los delitos reportados durante el año previo.
El panorama de corrupción e ilegalidad en Baja California se amplía con los antecedentes de Octavio Andree Espino Torres, exagente del Ministerio Público, y Ana Sofía López Osuna, agente del MP, quienes han sido capturados anteriormente por su presunta colaboración con el narcotráfico. Estos casos reflejan la penetración del crimen organizado en las instituciones de impartición justicia y seguridad pública de la frontera.
La convergencia de estos eventos —desde el fraude financiero y el abuso sexual hasta las amenazas abiertas por el control de estupefacientes— marca un periodo de alta volatilidad para el sector legal y de seguridad en Tijuana, donde las autoridades continúan enfrentando desafíos complejos tanto en los tribunales como en las calles.