Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que absolvió a Pío López Obrador de las acusaciones derivadas de los videos donde aparece recibiendo dinero en sobres amarillos. Durante su conferencia matutina, la mandataria federal señaló que la autoridad electoral ya determinó que no se cometió ningún delito y subrayó que dicho organismo cuenta con mecanismos propios para revisar posibles violaciones a las leyes electorales.
“Pues ya dijo el Tribunal Electoral que no cometió ningún delito”, expresó Sheinbaum al ser cuestionada sobre el fallo. Asimismo, indicó que corresponde analizar los fundamentos en los que se basó el tribunal para emitir dicha resolución, mostrando su respaldo a la decisión de la instancia judicial. Esta postura oficial contrasta con las reacciones de los actores que originalmente difundieron el material grabado en 2020 por David León.
Carlos Loret de Mola, director de LatinUS, denunció que la absolución es fruto de una “venganza del régimen” y aseguró que todas las instituciones del Estado relacionadas con el caso se han alineado para exonerar a Pío López Obrador. El periodista consideró que la decisión refleja un sesgo institucional a favor del gobierno actual, ignorando los hechos que, en su visión, hacían el caso inabsolvible.
En respuesta a la resolución, Loret de Mola confirmó que se han presentado demandas por daño a la imagen en contra de LatinUS y de su persona, con un monto solicitado de 200 millones de pesos cada una. Estas acciones legales se suman al contexto de tensión generado tras la difusión de las grabaciones, en las cuales, según declaraciones previas del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el dinero estaba destinado al partido Morena.
Medios de comunicación como López-Dóriga Digital han cuestionado la naturaleza del fallo, describiendo al TEPJF como un “tribunal constitucional a la medida” que absolvió situaciones que consideraban evidentes. La controversia pone de manifiesto la división entre la interpretación oficial de la legalidad del acto y la percepción de los denunciantes sobre la imparcialidad de las instituciones federales.
Hasta el momento, no se ha hecho pública la respuesta directa de Pío López Obrador respecto a la resolución del TEPJF ni a las nuevas acusaciones vertidas por Loret de Mola sobre un supuesto alineamiento de las autoridades. El caso mantiene abierta la discusión sobre la transparencia en el financiamiento político y la independencia de los órganos electorales en México.