Por Redacción
Washington, 20 de marzo de 2026.- Una coalición conformada por 24 estados, una docena de ciudades y condados de Estados Unidos presentó una demanda legal contra la administración de Donald Trump y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por la revocatoria de las limitaciones a los gases de efecto invernadero. La acción judicial fue interpuesta ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia y argumenta que la agencia federal actuó ilegalmente al anular una conclusión científica establecida en 2009.
El núcleo de la controversia reside en la decisión de la administración Trump, tomada en febrero de 2026, de revocar la determinación que establecía que los gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud pública. Los demandantes sostienen que esta medida contraviene el consenso científico y carece de fundamento legal, buscando con ello restablecer las regulaciones ambientales que habían estado vigentes.
La demanda se suma a una acción legal previa iniciada por grupos ecologistas, ampliando así el frente de oposición jurídica contra la política ambiental del ejecutivo federal. Aunque la investigación no especifica los nombres individuales de los estados, ciudades o las organizaciones ambientalistas involucradas, se confirma la participación de una amplia alianza territorial y civil para desafiar la normativa.
El caso será dirimido en el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, corte que tradicionalmente conoce de litigios relacionados con regulaciones federales y acciones de agencias como la EPA. La resolución de este tribunal podría tener implicaciones significativas para la política climática de Estados Unidos y la validez de las conclusionas científicas que sirven de base a las leyes ambientales.
Esta movilización legal marca un nuevo capítulo en la tensión entre los gobiernos locales y la administración federal respecto a la gestión del cambio climático. Mientras la administración Trump avanza con su agenda de desregulación, los estados y localidades buscan utilizar el sistema judicial para mantener las protecciones que consideran vitales para la seguridad y salud de sus ciudadanos.