Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo la revisión de un caso considerado el más relevante de huachicol fiscal hecho público en el país, debido a la falta de procedibilidad en el proceso penal original. La decisión, tomada el 18 de marzo de 2026, surge tras la anulación del juicio por un tribunal federal en Veracruz, que detectó irregularidades en la intervención de las autoridades aduaneras y en la citación de la audiencia inicial.
El caso involucra a Édgar Marín Meza Moreno e Irving Espinosa Betanzo, quienes están vinculados al presunto contrabando de 21.5 millones de litros de diésel. La empresa Administración de Impulsora de Productos Sustentables es el centro de la operación investigada, aunque la ubicación específica de sus instalaciones no ha sido detallada en los registros públicos disponibles hasta este momento.
La anulación del proceso penal se fundamentó en que no se cumplió con el requisito de procedibilidad, específicamente la falta de intervención previa de la Dirección General Jurídica de Aduanas de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Además, se señaló una citación incorrecta durante la audiencia inicial, lo que vició el procedimiento judicial seguido en la entidad veracruzana.
Con la atracción del caso, la SCJN tendrá como tarea principal determinar si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o la ANAM son las entidades facultadas para representar el interés fiscal en este tipo de litigios. Esta definición jurídica es crucial para establecer el precedente sobre qué autoridad debe liderar las acciones legales en casos de contrabando de combustible.
La Jornada reportó que esta decisión de la corte marca un hito en la lucha contra el huachicol fiscal, al poner bajo escrutinio los mecanismos de representación legal del Estado frente a delitos de esta naturaleza. La resolución final de la Suprema Corte podría redefinir las competencias entre las agencias recaudadoras y aduaneras en futuras persecuciones de fraudes fiscales relacionados con hidrocarburos.
Se mantienen pendientes datos como la fecha exacta de la audiencia inicial que fue anulada, la hora precisa de la decisión de la SCJN y el monto económico total del presunto contrabando, información que no ha sido liberada oficialmente por las instancias judiciales involucradas.