Por Redacción
Glades County, 20 de marzo de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México solicitó una investigación exhaustiva tras el fallecimiento de Royer Pérez Jiménez, un joven de 19 años que murió mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos. El deceso ocurrió el 16 de marzo de 2026 en el Centro de Detención del Condado de Glades, en el estado de Florida, marcando la decimotercera muerte de un migrante mexicano en lo que va de 2026 y la número 42 registrada desde el inicio de la administración del presidente Donald Trump.
Según los datos proporcionados por las autoridades, Pérez Jiménez había ingresado a territorio estadounidense en febrero de 2022, fue deportado previamente y volvió a cruzar la frontera. Su detención actual se remonta al 22 de enero de 2026, fecha en que fue arrestado por un oficial del Condado de Volusia, antes de ser transferido a la instalación administrada por el condado que mantiene un convenio operativo con ICE.
Existen contradicciones respecto a las circunstancias del fallecimiento. Mientras que ICE aseveró que el joven murió por un “supuesto suicidio”, la causa oficial del deceso permanece bajo investigación, sin que hasta el momento se haya emitido un dictamen forense definitivo que confirme dicha versión. La falta de claridad sobre la causa médica exacta ha motivado la intervención diplomática inmediata.
El Consulado General de México en Miami activó el protocolo consular tras conocerse el hecho y realizó una visita al centro de detención para verificar las condiciones en las que se encontraba el nacional. La cancillería mexicana ha exigido resultados concretos de la indagatoria que determine las responsabilidades correspondientes, aunque no se han hecho públicas declaraciones detalladas de los familiares del fallecido ni informes específicos sobre la atención médica previa al deceso.
Este incidente se suma a una serie de reportes sobre muertes de migrantes en custodia federal, lo que ha generado atención por parte de organizaciones civiles como la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), que monitorean estos casos. La hora exacta del fallecimiento y los detalles específicos de la detención siguen siendo información faltante en los reportes oficiales disponibles.
El caso pone de manifiesto la tensión continua en las políticas migratorias y las condiciones de los centros de detención en Estados Unidos, donde la administración actual mantiene un enfoque restrictivo. La SRE mantiene el seguimiento del caso a la espera de que las autoridades estadounidenses aclaren las circunstancias que rodearon la muerte del joven mexicano.