Por Redacción

Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició este 19 de marzo un paro nacional de actividades de 72 horas, marcado por bloqueos en el Paseo de la Reforma y un plantón en el Zócalo de la capital. Las acciones, que comenzaron aproximadamente entre las 8:00 y 10:00 horas, buscan presionar al gobierno federal para atender demandas relacionadas con la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de las UMAs y Afores en el sistema de pensiones, así como mejoras salariales.

La movilización ha tenido un impacto directo en la dinámica de la ciudad y en la economía local. Comerciantes de la zona del Zócalo reportaron una caída de alrededor del 80 por ciento en sus ventas durante el primer día de protestas. Gerardo Cleto López Becerra, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño, señaló la afectación que estos bloqueos representan para los locatarios que dependen del flujo diario de transeúntes y usuarios de las vías afectadas.

En respuesta a las movilizaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció al magisterio, pero argumentó limitaciones presupuestales para atender la totalidad de las exigencias presentadas por los docentes. La mandataria destacó que durante su administración se ha logrado la basificación de un millón de profesores, cifra que utiliza como contexto frente a las nuevas demandas de la organización sindical.

Las acciones de protesta no se limitaron a la Ciudad de México. En otros estados, como Baja California, docentes de la CNTE realizaron la toma de la caseta Tecate-Tijuana, ampliando la presión sobre el gobierno federal. La Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno emitió comunicados a través de la red social X para dar seguimiento a la situación, mientras que la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) local trabaja en la gestión del flujo vehicular alterado por los bloqueos.

El conflicto pone sobre la mesa la tensión entre las demandas históricas del sector educativo y la capacidad de respuesta del Ejecutivo federal en materia de seguridad social y salarial. Aunque la CNTE mantiene su postura de exigir la abrogación de la ley de 2007 y un sistema de pensiones solidario, el gobierno federal enfrenta el reto de conciliar estas peticiones con las restricciones financieras que la presidenta ha hecho públicas.