Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La administración del presidente Donald Trump intensificó su política migratoria con la construcción de un nuevo tramo de muro en la frontera de El Paso, mientras se reporta la muerte de un solicitante de asilo afgano bajo custodia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el retiro de un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza. Estos hechos, ocurridos en la última semana, evidencian un endurecimiento de las medidas fronterizas que ha generado críticas y preocupación sobre los derechos de los migrantes.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una inversión aproximada de 4,500 millones de dólares para reforzar la frontera, incluyendo un proyecto de 230 millas (370 kilómetros) de barrera. Un tramo clave de 110 kilómetros se construye actualmente entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua. El jefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso, Gregory M. Bovino, fue retirado de su cargo esta semana, aunque las autoridades no han especificado si su salida fue voluntaria o forzada.
En un incidente separado, Mohammad Nazeer Paktiawal, un solicitante de asilo afgano de 45 años, falleció bajo custodia de ICE en una instalación de Texas. El DHS reportó que el hombre comenzó con dificultad respiratoria la noche de su detención, pero la causa oficial de muerte aún se desconoce y está bajo investigación. Este caso se suma a la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renée Nicole Good y Alex Jeffrey Pretti, durante operativos migratorios en Minneapolis, Minnesota, cuyas circunstancias específicas tampoco han sido aclaradas.
En una audiencia congresional en Washington D.C., el secretario asistente Joseph M. Humire se reservó a comentar sobre una posible decisión del presidente Trump de desplegar militares durante las elecciones, mientras que altos generales afirmaron que no acatarían una orden ilegal. Estas declaraciones reflejan las tensiones políticas internas en Estados Unidos en torno a la seguridad y los procesos democráticos.
El contexto de estas políticas se da mientras cerca de 38.8 millones de personas de origen mexicano residen en Estados Unidos. Las críticas a los operativos migratorios en ciudades del interior y la posible militarización de la frontera y los procesos electorales continúan generando debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos humanos.