Por Redacción
La República, 17 de marzo de 2026.- El gobierno federal envió al Senado de la República el denominado Plan B de la reforma electoral, una propuesta negociada con los partidos aliados PT y PVEM que incluye medidas de austeridad y modificaciones al gasto en congresos locales. La iniciativa surge después del rechazo a la reforma original el 11 de marzo y contempla un ahorro proyectado de 4,000 millones de pesos al establecer un tope presupuestal del 0.7% para los congresos estatales.
La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, fue el espacio donde se concretaron los acuerdos con las fuerzas políticas aliadas. El Plan B mantiene componentes de austeridad republicana pero se centra específicamente en dos puntos clave: la reducción del presupuesto de los congresos locales y modificaciones en el sistema de regidurías.
Según las cifras oficiales, el presupuesto actual de los congresos estatales asciende a 18,429,929,000 pesos, por lo que la implementación del tope del 0.7% representaría una reducción significativa en el gasto legislativo en las entidades federativas. Manuel Velasco, coordinador del PVEM en el Senado, confirmó el apoyo de su partido a esta iniciativa luego de las negociaciones.
El contexto político de esta medida se remonta al rechazo de la reforma electoral original por parte de PT y PVEM, lo que obligó al gobierno a reformular su propuesta. La nueva iniciativa busca conciliar las posiciones dentro de la coalición gobernante mientras mantiene el objetivo central de reducir lo que califica como privilegios en el sistema electoral.
El proceso legislativo ahora corresponde al Senado, donde se espera que la iniciativa sea turnada a comisiones para su análisis y discusión. La aprobación del Plan B requerirá del respaldo de los aliados que inicialmente rechazaron la reforma más amplia, en un escenario donde el gobierno busca consolidar cambios en la arquitectura electoral del país.