Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- Las autoridades rusas comenzaron a bloquear el servicio de mensajería Telegram en su territorio, provocando más de 2,500 quejas de usuarios por fallos en el servicio esta mañana, según reportó el diario Kommersant. La medida, anticipada la semana pasada por la Duma (cámara de diputados rusa), se produce tras una exigencia judicial para que la plataforma localice sus servidores de datos de usuarios y en medio de acusaciones de que facilita actividades delictivas. Pável Dúrov, fundador de Telegram, asegura que el gobierno busca censurar la libertad de expresión.
El bloqueo afecta principalmente a ciudades de la parte europea de Rusia, como Moscú y San Petersburgo, donde la aplicación cuenta con una base estimada de 100 millones de usuarios. La interrupción del servicio sigue a una ralentización técnica que comenzó en febrero y al previo bloqueo de WhatsApp, que era la aplicación de mensajería más popular en el país.
La Justicia rusa exige a Telegram que revele la ubicación de los servidores que almacenan la información de los usuarios, argumentando que la plataforma es utilizada por estafadores y personas que cometen diversos delitos. Esta demanda choca con el principio de privacidad y cifrado de extremo a extremo que promueve el servicio.
En respuesta, Pável Dúrov ha denunciado públicamente que las acciones de las autoridades rusas tienen como objetivo principal la censura y el control de la libertad de expresión en internet. La Duma, por su parte, había advertido que Telegram dejaría de funcionar pronto en Rusia incluso para quienes utilicen redes privadas virtuales (VPN) para eludir restricciones.
El conflicto entre Telegram y el gobierno ruso no es nuevo y se enmarca en una política de mayor control estatal sobre el espacio digital y las comunicaciones. La escalada deja en evidencia la tensión entre la soberanía tecnológica que busca Moscú y las plataformas globales que operan bajo sus propias reglas de privacidad.
Mientras los usuarios buscan alternativas, el bloqueo plantea interrogantes sobre el futuro del acceso a la información y la comunicación digital en Rusia, así como sobre la capacidad del Estado para imponer su autoridad en el ciberespacio frente a empresas tecnológicas internacionales.