Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes un “Plan B” de reforma electoral, enfocado en recortar el presupuesto de congresos locales y regidores municipales, tras el rechazo la semana pasada de una iniciativa más amplia en la Cámara de Diputados. La propuesta, que será enviada al Congreso de la Unión este martes, busca redirigir los ahorros estimados, de unos 4,000 millones de pesos, hacia obras públicas, según indicó la mandataria.
La nueva iniciativa surge como una versión recortada del llamado “Plan A”, que fue rechazado el 11 de marzo por la propia bancada de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). A diferencia de la propuesta original, que incluía cambios al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al financiamiento de partidos políticos federales, el Plan B se centra exclusivamente en reducir los recursos de legislaturas estatales y ayuntamientos.
Sheinbaum justificó la medida señalando que el objetivo es eliminar “privilegios” y destinar esos fondos a la población. “Se trata de una reforma para quitar privilegios a los congresos locales y a los regidores, para que ese dinero se vaya a obra pública”, afirmó durante su conferencia matutina. La iniciativa requerirá, para su aprobación definitiva, el visto bueno de al menos 17 congresos locales.
Entre los ejemplos citados para fundamentar los recortes, se mencionó el alto costo por legislador en algunos estados. En Baja California, según datos referidos, el costo por diputado local ascendería a 34.8 millones de pesos, mientras que en Colima sería de 5.1 millones. Cada uno de estos congresos estatales cuenta con 25 diputados.
El anuncio del Plan B evidencia una estrategia de repliegue del gobierno federal tras el revés legislativo. La propuesta original, más ambiciosa, no logró consenso ni siquiera dentro de la coalición oficialista, lo que forzó a diseñar una alternativa con un alcance más limitado y, presuntamente, de más fácil aprobación en los congresos locales donde Morena y sus aliados tienen mayor fuerza.
El contexto político inmediato queda marcado por esta fractura interna en el bloque gobernante y por la presión del ejecutivo por cumplir con una promesa de campaña de reformar el sistema electoral. Los próximos días serán cruciales para medir la recepción de esta nueva iniciativa tanto en el Congreso de la Unión como en las entidades federativas, y para determinar si logra reunir los apoyos necesarios que su predecesora no consiguió.