Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vigilar el desplazamiento forzado interno en México, fenómeno que ha afectado a más de 390,000 personas entre 2016 y 2024. La petición surge en un contexto donde el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, un caso que involucró al Ejército, y donde la Fiscalía federal enfrenta críticas por la reciente absolución de Javier ‘N’, único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes.
El desplazamiento forzado en México, documentado principalmente en entidades como Morelos y Guerrero, se relaciona con disputas territoriales y la presencia de grupos del crimen organizado. Según datos citados por las organizaciones, solo en 2024 hubo 28,900 personas afectadas por este fenómeno, cifra que aumentó a 15,795 en 2025. La solicitud a la CIDH busca que el organismo internacional dé seguimiento a la situación y exija al Estado mexicano medidas de protección para las víctimas.
Paralelamente, el gobierno mexicano propuso un acuerdo amistoso tras reconocer parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, ocurrida a manos del Ejército. Sin embargo, la familia de la víctima exige un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las fuerzas armadas, lo que ha dificultado la resolución completa del caso. Este patrón de violencia estatal y su falta de esclarecimiento total es señalado por defensores de derechos humanos como un factor que alimenta la desconfianza en las instituciones.
En otro frente, la absolución de Javier ‘N’ por el asesinato de Samir Flores Soberanes, defensor comunitario opositor al Proyecto Integral Morelos, evidenció fallas graves en la investigación de la Fiscalía federal. Durante el proceso, se presentaron pruebas consideradas insuficientes, dos testigos clave fueron asesinados y agentes ministeriales incurrieron en contradicciones, según reportes de medios. Este caso se suma a las críticas sobre la capacidad del Estado para investigar y sancionar crímenes contra activistas.
Expertos señalan que el crimen organizado trasnacional en México ha evolucionado más allá del narcotráfico, incluyendo múltiples actividades ilícitas y, en algunos casos, la participación de entidades legales e incluso estatales. Esta complejidad, unida a la impunidad en casos de violencia, contribuye a un entorno donde el desplazamiento forzado y los ataques contra defensores persisten. La atención de la CIDH y la presión internacional son vistas por las organizaciones civiles como mecanismos necesarios para impulsar cambios estructurales en la política de seguridad y justicia del país.