Por Redacción

Cobián), 15 de marzo de 2026.- Los partidos Morena, PT y Verde Ecologista (PVEM) anunciaron un acuerdo para impulsar el denominado ‘Plan B’ de reforma electoral, tras una negociación maratónica de casi 12 horas encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el Palacio de Cobián. La iniciativa, que busca aplicar ‘austeridad republicana’ y reducir costos del sistema político, se perfila tras el rechazo en la Cámara de Diputados a una primera propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, a la que se habían opuesto sus aliados.

Ignacio Mier Velazco, coordinador de los senadores de Morena, afirmó en la madrugada del sábado 14 de marzo que ‘ya hay un acuerdo muy perfilado’ y que ‘está concluido’. El acuerdo fue respaldado mediante un comunicado conjunto de los senadores de las tres fuerzas políticas. Por su parte, Manuel Velasco Coello, coordinador del PVEM en el Senado, también avaló el pacto.

Sin embargo, existe una discrepancia pública sobre el estado final del acuerdo. Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados de Morena, señaló que ‘todavía no hay acuerdo con PT y PVEM para Plan B’, aunque percibió una ‘actitud positiva’ por parte de los aliados. Esta divergencia de versiones deja en el aire la confirmación unánime de las dirigencias nacionales del PT y el PVEM.

El ‘Plan B’ tiene como objetivos centrales establecer ‘topes máximos’ a los presupuestos de los congresos y municipios, así como fortalecer la participación ciudadana, aunque los detalles específicos de los artículos y los mecanismos de consulta popular aún no se han dado a conocer. La presidenta Sheinbaum mencionó que la iniciativa podría presentarse formalmente ‘el lunes’ (posiblemente el 16 de marzo), pero no hay una confirmación oficial de la fecha.

El gobierno federal estima que la reforma generaría un ahorro de aproximadamente 4 mil millones de pesos, recursos que, según el planteamiento, serían redirigidos a los estados, municipios y programas sociales. El contexto de la negociación se enmarca en la búsqueda de consenso tras el fracaso de la primera propuesta, lo que obligó a la Secretaría de Gobernación a liderar extensas pláticas para salvar la iniciativa bandera de la administración en materia electoral.

El cierre del acuerdo político representa un intento por recomponer la unidad de la coalición gobernante y avanzar en una agenda de reducción del gasto político, un tema sensible que había dividido a los aliados y que ahora busca un nuevo impulso desde el Poder Legislativo.