Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- Dieciocho congresos estatales han votado a favor de la reforma constitucional que disminuye las llamadas pensiones doradas en el sector público paraestatal. Andrea Becerril, de La Jornada, informó que todo está listo para que en la sesión del próximo martes, el Senado formule la declaratoria de la reforma y la envíe al Diario Oficial de la Federación para que sea publicada.
Los congresos que aprobaron la reforma son Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La reforma fue aprobada por unanimidad en la mayoría de las legislaturas, y sólo en Baja California y Zacatecas por mayoría.
La reforma establece como tope para el pago de pensiones el 50% de los ingresos de la persona titular del poder ejecutivo federal. El ajuste a las pensiones millonarias actuales, con el que se espera un ahorro al erario de 5 mil millones de pesos anuales, será inmediato. Becerril señaló que ello se debe a que hasta el momento se tienen ya los votos a favor de 18 congresos estatales, que suman más de la mayoría simple requerida.
Un día después de publicada la reforma, las pensiones de tres directivos de LFC que sobrepasan el millón de pesos mensuales, seis más que van de 919 mil a 980 mil pesos y, en general, de 600 ex funcionarios de esa empresa eléctrica extinta, superiores a 300 mil pesos, quedarán en cerca de 70 mil pesos mensuales. También se ajustarán pensiones de medio millón de pesos de ex funcionarios y ex líderes sindicales de CFE, y otras en Pemex, que sobrepasen los 70 mil pesos al mes. Se ajustará la pensión de 120 mil pesos que desde hace 32 años recibe José Angel Gurría de Nacional Financiera.
La nueva disposición no opera para las fuerzas armadas. La reforma establece límites a los esquemas de jubilación financiados con recursos públicos en la administración paraestatal, en sus tres niveles de gobierno, tanto para las pensiones a futuro como las otorgadas con anterioridad. El Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán un plazo de 90 días para revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable.
Óscar Hernández, del Semanario ZETA, advirtió: Parece que se pretende aplicar tal reducción retroactivamente, es decir, a los trabajadores que cumplieron con los requisitos de ley y obtuvieron su jubilación y por ende el pago de sus pensiones también son sujeto de tal reducción, afectando derechos adquiridos. Hernández agregó: Curiosamente quedan excluidas de tal reducción las fuerzas armadas y los ministros de la SCJN, sin duda pilares en los que se han apoyado la 4-T, AMLO y ahora Claudia Sheinbaum.
Integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) Nayarit alertaron al Congreso de Nayarit sobre los riesgos de una aprobación exprés de la reforma al artículo 137 de la Constitución local y a la Ley del Fondo de Retiro Digno. El SUTSEM identificó varias inconstitucionalidades graves, entre ellas, la imposición de un doble tope y ajustes retroactivos a pensiones ya otorgadas, acción prohibida por el artículo 14 constitucional. El sindicato afirmó: Cualquier límite adicional viola derechos ya adquiridos y constituye un acto ilegal.
Existen opiniones encontradas sobre el alcance de la reforma. El sector oficial y las dirigencias nacionales y estatales del SNTE afirman que no habrá afectación a los maestros, pero la base desconfía fundadamente de esas afirmaciones. Respecto a la iniciativa en Nayarit, el SUTSEM comentó: Lo único que están haciendo es patear el bote para que la siguiente administración truene.