El expresidente de EU, Donald Trump (2017-2021), tendrá una audiencia previa a su sentencia en Nueva York con un oficial de libertad condicional, tras haber sido declarado culpable por un jurado de 34 cargos de delitos graves por falsificación de registros comerciales a finales de mayo.
La audiencia rutinaria será virtual y el magnate republicano se conectará desde su casa en Mar-a-Lago en Florida junto con su abogado Todd Blanch, según informaron medios locales.
La reunión forma parte del informe que el departamento de libertad condicional presentará al juez encargado del caso, Juan M. Merchán, para ayudar a decidir la sentencia de Trump, que se anunciará en el Tribunal Penal de Manhattan el 11 de julio.
Trump es acusado de falsificar facturas comerciales para ocultar con el pago a Stormy Daniels, una exactriz actriz porno con la que sostuvo una relación sexual, para proteger su carrera presidencial en 2016, según medios locales.
Merchán permitió que Blanche estuviera presente en la entrevista de libertad condicional después de que los fiscales no se opusieran, de acuerdo con la información de medios estadounidenses.
SI NO COOPERA PODRÍA SER PERJUDICADO
Trump no está obligado a ayudar con la investigación previa a la sentencia, pero una falta de cooperación le podría perjudicar.
En la audiencia previa a la sentencia, generalmente se le pregunta al acusado sobre su condena y otra información básica sobre sus antecedentes, como su empleo y sus antecedentes penales.
El candidato republicano a las elecciones presidenciales no cuenta con antecedentes penales, algo que le podría beneficiar.
Como parte del proceso, el equipo legal de Trump puede enviar cartas de amigos y familiares a Merchán. Además, está previsto que el equipo del expresidente presente su recomendación de sentencia el jueves, según los medios.
La Fiscalía del Distrito de Manhattan también presentará un memorando indicando al juez qué sentencia considera adecuada para Trump.
Merchan podría sentenciar a Trump a libertad condicional o hasta cuatro años de prisión estatal por cada cargo, con un máximo de 20 años.