Por Luis Martínez Alcántara
Estados Unidos enfrenta una doble paradoja: por un lado, las deportaciones masivas amenazan con colapsar sectores clave de la economía, especialmente en California y Texas; por otro, estudios recientes revelan que los migrantes cometen menos delitos que los ciudadanos nativos.
Mientras las redadas se intensifican en estados con alta presencia latina, analistas y ONG advierten sobre los daños colaterales de una política migratoria punitiva y basada en estigmas, más que en datos objetivos.
California y Texas albergan a casi la mitad de los seis millones de trabajadores mexicanos inmigrantes en Estados Unidos. Solo California emplea a más de dos millones 300 mil, mientras que Texas suma cerca de un millón 500 mil.
Sectores como la agricultura, la construcción y los servicios dependen profundamente de esta mano de obra. Cemla advierte que las deportaciones masivas podrían provocar escasez laboral, elevar los precios al consumidor y desacelerar la economía en estas regiones clave.
La alta concentración de inmigrantes mexicanos en trabajos esenciales expone el riesgo de una crisis económica local si se continúa con las políticas de deportación masiva. En California, uno de cada 1.8 trabajadores agrícolas es mexicano, al igual que uno de cada 3.2 en construcción. En Texas, estas proporciones también son altas, lo que subraya la vulnerabilidad de sectores enteros frente a decisiones migratorias drásticas e indiscriminadas.
Contrario al discurso que asocia migración con criminalidad, el Instituto Cato documentó que la tasa de encarcelamiento de migrantes es hasta 50% menor que la de ciudadanos estadounidenses. En 2023, se encarcelaron mil 221 nativos por cada 100 mil habitantes, frente a 613 migrantes irregulares y apenas 319 migrantes legales. Incluso descontando delitos migratorios, los migrantes siguen apareciendo menos en las estadísticas criminales que los nacidos en Estados Unidos.
Los hallazgos contradicen el discurso de Donald Trump, quien ha promovido la idea de que los migrantes representan una amenaza para la seguridad nacional. La evidencia indica que las ciudades santuario, lejos de registrar más violencia, mantienen tasas similares o incluso menores de criminalidad.
Especialistas concluyen que una política migratoria basada en redadas masivas no resolverá el problema delictivo ni la migración irregular, pero sí dañará gravemente la economía y el tejido social de EU.