Por Luis Martínez Alcántara
La administración del presidente Donald Trump implementa políticas migratorias más estrictas, resultando en deportaciones basadas en evidencias cuestionables. Se han documentado casos donde tatuajes, poses en fotografías y posesión de ciertos materiales han sido utilizados como pruebas para justificar deportaciones.
Por ejemplo, Jerce Reyes Barrios, un futbolista venezolano, fue deportado a El Salvador bajo la acusación de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua. Las pruebas presentadas incluyeron un tatuaje del escudo del Real Madrid y una fotografía en Facebook donde realizaba un gesto interpretado por las autoridades como señal de pandilla.
A pesar de haber ingresado legalmente a Estados Unidos y no tener antecedentes penales en Venezuela, Reyes Barrios fue deportado sin previo aviso a su familia o abogados.
Además, se han reportado deportaciones de individuos por posesión de volantes pro-Hamas y por eliminar fotografías de redes sociales, interpretadas como intentos de ocultar actividades sospechosas. Estas acciones han llevado a la detención de más de 200 venezolanos y la expulsión de otros individuos sin acusaciones formales.
Organizaciones de derechos civiles han criticado estas prácticas, señalando que muchos migrantes son detenidos basándose en estereotipos raciales o culturales, y que estas acciones socavan los principios del debido proceso y los derechos humanos.
La política migratoria de Trump también ha generado alarma entre expertos legales, quienes advierten que muchos migrantes no tienen acceso a una defensa adecuada. Abogados de inmigración han denunciado que sus clientes son trasladados rápidamente a centros de detención sin tiempo suficiente para preparar su caso o para que sus familias sean notificadas.
Ante este panorama, distintas organizaciones como ACLU y Human Rights Watch han pedido una revisión urgente de estas políticas, exigiendo transparencia en el uso de evidencias y un alto al uso de símbolos culturales o religiosos como indicios criminales.
Activistas aseguran que estas medidas representan una forma de persecución encubierta, donde la apariencia y el origen étnico vuelven a ser factores determinantes en decisiones migratorias, atentando contra los derechos humanos en Estados Unidos.