En un esfuerzo por combatir la explotación laboral, México ha implementado nuevas reformas que podrían llevar a los jefes a la cárcel si sus empleados trabajan más de 48 horas semanales. Según las modificaciones recientes a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se establecen severas penas para las empresas que excedan estos límites.
La reforma, específicamente en su Artículo 21, establece que las jornadas laborales no deben superar las 48 horas a la semana. Si se excede este límite, los empleadores pueden enfrentar penas de hasta 10 años de prisión y multas que van de cinco mil a 15 mil días de salario. Esta medida tiene como objetivo principal proteger a los trabajadores y garantizar que sus derechos laborales sean respetados.
Además, la ley contempla sanciones más severas si la explotación laboral afecta a personas de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas. En estos casos, la pena podría aumentar hasta 12 años de cárcel y multas que oscilan entre siete mil y 70 mil días de salario. Estas disposiciones buscan atender de manera más rigurosa las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan estos grupos.
Las reformas también refuerzan las regulaciones sobre horas extras. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, las horas extras no deben superar las tres horas diarias ni las nueve horas semanales. Además, el tiempo extraordinario debe compensarse con un salario equivalente a “un ciento por ciento más del salario que corresponda a las horas de la jornada”. Esto asegura que los trabajadores reciban una retribución justa por su tiempo adicional.
Anteriormente, la explotación laboral se clasificaba como un delito de trata de personas solo en casos de condiciones peligrosas o insalubres, cargas de trabajo desproporcionadas al salario percibido, o remuneraciones inferiores al salario mínimo. Con estas nuevas reformas, cualquier exceso en las horas laborales también será considerado explotación, ampliando así la protección a los trabajadores y promoviendo un ambiente laboral más justo.
Por Luis Martínez Alcántara.