Una ex funcionaria de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha acusado a la institución de participar en un esquema de extorsión a miles de dueños de gasolineras y gaseras en todo México.
Según testimonios recopilados, estos negocios eran obligados a pagar mensualmente entre 13 mil y 35 mil pesos para evitar ser clausurados por irregularidades, en un esquema conocido como “moches” o sobornos.
Las acusaciones señalan que una parte de estos pagos irregulares, que ascendían a más de 2 mil 600 millones de pesos al año, habrían sido destinados a campañas electorales, incluida la de Claudia Sheinbaum, actualmente en funciones como jefa de Gobierno de la Ciudad de México y relacionada con el partido Morena.
Adán Augusto López, ex Secretario de Gobernación, confirmó haber recibido denuncias sobre esta red de corrupción que operaba en Profeco. Según López, los negocios que se negaban a pagar eran exhibidos en las conferencias matutinas del presidente, lo que sugiere un nivel de complicidad dentro de la institución para forzar los pagos de “moches”.
Testimonios recogidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) respaldan estas acusaciones, proporcionando fotografías de fajos de billetes que supuestamente eran entregados a funcionarios de Profeco como evidencia de los sobornos. Además, señalan que el esquema de extorsión habría continuado incluso después de las denuncias y acciones tomadas por las autoridades.
Tanto Profeco como el ex director de la institución, Ricardo Sheffield Padilla, rechazaron las acusaciones de cobro de cuotas irregulares. Sin embargo, los testimonios recogidos y las pruebas presentadas plantean serias dudas sobre la integridad de la institución y su papel en la lucha contra la corrupción en México.
Por Luis Martínez Alcántara.