Por Monserrat Californias
El 29 de marzo la Ciudad de México fue escenario de una marcha convocada por colectivos feministas y activistas para exigir el desafuero del diputado federal Cuauhtémoc Blanco, acusado de intento de violación por su media hermana, Nidia Fabiola Blanco. La movilización partió de la Glorieta de las Mujeres que Luchan y avanzó por Paseo de la Reforma, con consignas como “¡Fuera Cuauhtémoc!” y “Ningún agresor en el poder”.
A pesar de que el Gobierno Federal intentó minimizar la protesta, argumentando una baja asistencia, la manifestación resonó ampliamente en redes sociales. Usuarios compartieron imágenes y mensajes de apoyo, amplificando las demandas de justicia y evidenciando el descontento ciudadano. Este fenómeno subraya el poder de las plataformas digitales para visibilizar causas sociales y cuestionar narrativas oficiales.
La controversia en torno a Cuauhtémoc Blanco se intensificó cuando la Cámara de Diputados, con apoyo de Morena, PRI y PVEM, desechó la solicitud de desafuero en su contra. Esta decisión generó divisiones internas, especialmente entre las diputadas de Morena y PT, quienes denunciaron presiones y amenazas por parte de sus compañeros para proteger al exgobernador de Morelos.
Gabriela Jiménez, vicecoordinadora de Morena en el Congreso, inicialmente votó a favor del desafuero, pero cambió su postura tras enfrentar intimidaciones de figuras como Pedro Haces y la aparente indiferencia del coordinador Ricardo Monreal. Este episodio evidenció las tensiones y luchas de poder dentro del partido oficialista, así como la resistencia de algunas legisladoras a las decisiones impuestas por la dirigencia.
La negativa al desafuero de Blanco ha enfriado las expectativas del movimiento feminista en México, que esperaba un compromiso más firme del gobierno de Claudia Sheinbaum en la lucha contra la violencia de género. Aunque se han logrado avances legislativos, casos como este reflejan la persistencia de estructuras patriarcales y la necesidad de acciones más contundentes para proteger y empoderar a las mujeres.
En este contexto, la marcha del 29 de marzo y su repercusión destacan la creciente exigencia ciudadana por justicia y transparencia. La presión pública y la vigilancia constante serán determinantes para impulsar cambios estructurales y garantizar que ningún agresor permanezca en el poder, independientemente de su afiliación política o posición.