Por Luis Martínez Alcántara
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que no buscará la pena de muerte contra Joaquín Guzmán López, alias “El Güero”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en el juicio que enfrenta en una corte federal de Chicago.
La decisión fue presentada en un documento judicial el 23 de mayo sin ofrecer detalles adicionales. Guzmán López, de 38 años, está acusado de múltiples delitos relacionados con el narcotráfico, incluyendo la distribución de fentanilo y lavado de dinero. Se declaró no culpable y permanece detenido sin derecho a fianza.
La captura de Guzmán López ocurrió en julio de 2024, cuando fue detenido junto a Ismael “El Mayo” Zambada en El Paso, Texas, tras aterrizar en un avión privado. Ambos enfrentan cargos por liderar operaciones del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más poderosas y mortíferas del mundo. La detención de Zambada fue sorpresiva, ya que había eludido la captura durante más de cuatro décadas.
La facción de “Los Chapitos”, liderada por los hijos de “El Chapo”, ha enfrentado una serie de golpes recientes, incluyendo la muerte de Jorge Humberto Figueroa, alias “El Perris”, jefe de seguridad del grupo, en un operativo militar en Sinaloa. Estos eventos han intensificado la crisis interna del Cártel de Sinaloa, marcado por enfrentamientos entre las facciones de “Los Chapitos” y “La Mayiza”, liderada por Zambada.
La próxima audiencia de Guzmán López está programada para el 2 de junio de 2025. Su hermano, Ovidio Guzmán López, también enfrenta cargos similares en Estados Unidos y se espera que cambie su declaración a culpable en una audiencia separada en julio. Ambos casos son seguidos de cerca por las autoridades y la opinión pública, dado el impacto del Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
La decisión de no buscar la pena de muerte para Guzmán López podría indicar una estrategia legal orientada a obtener cooperación por parte del acusado. Sin embargo, su abogado, Jeffrey Lichtman, ha declarado que no existe ningún acuerdo de culpabilidad con el gobierno estadounidense. El desarrollo de este caso podría tener implicaciones significativas en la lucha contra el narcotráfico y en la estructura del Cártel de Sinaloa.