Por Luis Martínez Alcántara
Claudia Sheinbaum festejó la reducción del impuesto a las remesas de migrantes de EU del 3.5% al 1%, tras la fuerte presión de la comunidad mexicana en ese país. Aseguró que este descenso es una victoria de los migrantes y anunció un programa de reembolso mediante la Financiera del Bienestar, siempre que envíen dinero por ese canal.
En contraste, el senador republicano Markwayne Mullin planteó en NBC que hasta los bebés nacidos en EU de padres indocumentados deben ser deportados junto con ellos.
Sheinbaum destacó que la presión de migrantes y senadores mexicanos provocó que el impuesto bajara del 5% original, luego al 3.5%, y finalmente al 1%, lo que consideró un “triunfo” de nuestros paisanos. Subrayó que la mayoría de las remesas llegan por vía electrónica, libres de este gravamen, y prometió informar esta semana los detalles del reembolso vía “Tarjeta Paisano”.
Además, la presidenta afirmó que México continuará presionando al Senado de EU para eliminar por completo cualquier impuesto a las remesas. Rechazó el gravamen por considerarlo injusto, discriminatorio y violatorio de tratados bilaterales contra la doble tributación. Sheinbaum también incentivó a los migrantes en EU a movilizarse y escribir a congresistas para frenar esta medida.
Por otro lado, el senador Markwayne Mullin, en NBC “Meet the Press”, planteó que si los padres migrantes son deportados, los bebés nacidos en EU deberían acompañarlos. “Deberían ir con sus padres. ¿Por qué separar a un niño de ellos?”, argumentó. Esta propuesta surge tras un fallo de la Corte Suprema que facilita una orden ejecutiva para restringir la ciudadanía por nacimiento en algunos estados.
Mullin defendió su postura afirmando que no busca separar a las familias, sino mantener la unidad durante un proceso de deportación. Su visión desafía directamente el derecho constitucional a la ciudadanía basada en el territorio, generando alarma entre activistas y comunidades migrantes. La comunidad de defensa migrante ha denunciado que estas declaraciones podrían sentar precedentes peligrosos y vulnerar derechos fundamentales.