Por Luis Martínez Alcántara
Desde enero de 2025, el gobierno de Estados Unidos revocó más de 1,500 visas de no inmigrante a ciudadanos extranjeros, como parte de una política de “cero tolerancia” impulsada por la administración de Donald Trump.
El Departamento de Estado ha señalado que estas acciones se basan en preocupaciones relacionadas con el terrorismo, la seguridad nacional y los intereses de política exterior del país. La implementación de herramientas de inteligencia artificial ha permitido identificar perfiles considerados de alto riesgo.
Entre los casos más destacados se encuentra la revocación de las visas de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo Carlos Torres, quienes fueron notificados de la decisión sin una explicación pública. La embajada de Estados Unidos en México ha indicado que los registros de visas son confidenciales y no pueden discutir detalles de casos individuales.
La política de cancelación de visas también afecta a estudiantes internacionales en instituciones como Harvard, Stanford y Columbia. Se han revocado más de 300 visados de estudiantes extranjeros, bajo el argumento de participación en protestas que podrían interpretarse como apoyo al terrorismo.
El monitoreo de redes sociales se ha convertido en una herramienta clave para las autoridades estadounidenses. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha anunciado que considerará el contenido en redes sociales que indique apoyo a organizaciones terroristas o actividades antisemitas como un factor negativo en las solicitudes de beneficios migratorios.
Estas medidas preocupan a defensores de derechos humanos y expertos en relaciones internacionales, quienes advierten sobre posibles violaciones al debido proceso y la falta de transparencia en las decisiones. La administración Trump ha reiterado su compromiso con la seguridad nacional, enfatizando que no permitirá la entrada o permanencia de personas que representen una amenaza para Estados Unidos.